Debates incorrectos en torno a los Precios Cuidados

Este martes el gobierno relanzó el programa de Precios Cuidados 2020, el cual pasó de contener 500 productos a 311. En esta nueva etapa del plan que comenzó en 2014 como parte del programa anti-inflacionario de la gestión de Cristina Kirchner, los precios se reducen, en promedio, un 8%, y además se incorporan primeras marcas en distintos rubros como alimentos, perfumería y productos de limpieza.

 

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, plantearon que el objetivo de este “control de precios” es que el mismo funcione como ancla anti-inflacionaria (un intento más y van…), y, a su vez, que sirva para determinar precios de “referencia”.

Conocidos los detalles del nuevo plan, comenzaron a surgir diversos debates en torno a diferentes aristas del mismo. Sin embargo, ninguno de ellos apuntó al debate que nos debemos en torno al ¿éxito? (¡fracaso!) de este tipo de políticas.

Debate 1: Sobre lo saludable de la canasta de bienes

El primer gran debate que se suscitó fue el de si la canasta de alimentos era más o menos saludable que la anterior. El mismo surgió debido a que el mes pasado en la reunión del Consejo Federal sobre el Hambre se realizaron algunas recomendaciones en torno a las necesidades nutricionales de las personas en dicha situación.

Por este motivo, a muchas personas les llamó la atención (y criticaron) la inclusión de las bebidas alcohólicas y azucaradas (especialmente la Coca-Cola, producida por una multinacional de los Estados Unidos), luego que Narda Lepes sugiriera en la citada reunión que se debe beber agua! Desde el oficialismo defendieron la incorporación de estas bebidas con explicaciones de tinte político y hasta con cierto toque de humor desde las redes sociales: la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, planteó que se trata de las bebidas que consumen la mayor parte de los argentinos, y en Twitter, Roberto Carlés escribió: ‘De pronto me lo imaginé a Néstor diciendo: «¿Y qué íbamos a poner, la leche de almendras?», y se me dibujó una sonrisa en el rostro’.

Intercambio innecesario desde mi punto de vista: que cada uno consuma los productos que quiera, considerando sus ingresos y los precios de los bienes. Nota políticamente importante: hay tapa de asado y vino, así que todos contentos.

Debate 2: Primeras marcas vs. Segundas y terceras marcas.

Otro punto que destacaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo es la vuelta de las primeras marcas al programa (aquí reaparece Coca-Cola!). No debemos olvidar que ellos llaman “Pindonga” y “Cuchuflito” a las segundas y terceras marcas.

Si bien una parte de la producción de segundas y terceras marcas es realizada por grandes empresas, la mayor parte de la misma corresponde a empresas pequeñas y medianas, PyMEs. De esta forma, quitando estos productos del listado de Precios Cuidados se atenta contra el segmento productivo que “debería” proteger el Ministerio y se muestra un sesgo a favor de las multinacionales o grandes empresas, muy “Nac&Pop”.

Debate 3: Sobre los puntos de comercialización

Además del listado de precios de los productos, se presentó la nómina de canales de comercialización, los cuales podrán ser adquiridos en grandes cadenas de supermercados. De acuerdo a la consultora Nielsen, sólo el 20% del total de las ventas se realiza a través de supermercados.

De esta manera, aquí el problema reside en que geográficamente las cadenas de supermercados listados se concentran en los grandes aglomerados urbanos, mientras que en las zonas más alejadas (y probablemente con mayores necesidades económicas) los canales de venta son los mercados chinos, los mercados regionales o los almacenes.

EL debate necesario

Los tres puntos analizados son los que concentraron el intercambio de estos días. Sin embargo, en lugar de hablar si los productos son más o menos saludables que antes, si son de primeras o segundas marcas, o donde se pueden conseguir, deberíamos concientizar acerca de que este tipo de programas atentan contra el consumidor en general.

¿Por qué? Es bien sabido que este tipo de políticas nunca funcionaron ni van a funcionar. La fijación de precios genera escasez, y distorsiona los precios relativos. De esta manera, el consumidor que no logre hacerse con un bien de los especificados en la lista propuesta por el gobierno, deberá comprar uno de mayor precio, aun cuando sea un sustituto perfecto (un sachet de leche de un litro incluido en el plan de Precios Cuidados está $40,25 mientras que una fuera del plan cuesta $52,50).

El discurso del gobierno para implementar este tipo de programas es que los productores “formadores de precios”, que son los culpables de ese mal al que los argentinos estamos tan acostumbrados, pero que no terminamos de entender (vaya uno a saber porque): la inflación. Sin embargo, esto constituye una falacia, ya que la inflación es siempre un fenómeno monetario y el monopolio de la emisión lo tiene el Estado.

Entonces, ¿Por qué hay inflación? Porque el Estado utiliza la máquina de imprimir billetes para  financiar su enorme tamaño (otras vías adicionales de financiamiento son los impuestos, los cuales introducen distorsiones adicionales – y ni hablar de la deuda pública, que queda para la próxima!).

De esta forma, el debate que deberíamos tener apunta en torno a que política anti-inflacionaria deberíamos llevar adelante. Estamos con Precios Cuidados desde 2014 y la inflación no ha bajado de los dos dígitos… claramente algo no está funcionando.

Es hora de intentar con algo “nuevo” (aunque no tan nuevo), mirando a los países que han logrado contener su inflación luego de episodios de alta inflación crónica o hiperinflaciones como las nuestras: sin ir muy lejos, basta mirar a todos nuestros vecinos, los cuales han realizado reformas estructurales en línea con un Estado más chico y eficiente y una moneda sana, entre otras.

Publicado en República Económica, el 9 de enero de 2020

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El costo político de no querer pagar el costo político

El desempeño económico de la gestión de Mauricio Macri fue más que decepcionante, ya que una gran proporción de sus votantes compraron el slogan de “Cambiemos” como la posibilidad de un cambio real, el cual incluía la pobreza cero, la reducción de impuestos a las ganancias y la “lluvia de inversiones”, entre otras.

 

El fin de la gestión kirchnerista mostraba la necesidad de un cambio de rumbo. En la elección de 2015 la mayor parte de la población votó en contra de un sistema económico basado en el Estado paternalista y de carácter  proteccionista, buscando una opción que nos volviera a insertar en el mundo, sin saber que estaba dándole continuidad al mismo modelo.

Macri dilapidó una oportunidad histórica por no querer pagar el costo político de reformar. Si bien en los primeros meses las medidas parecían encaminar el rumbo: el levantamiento del cepo cambiario, la quita de retenciones, el fin del default y  la reducción de subsidios a los servicios públicos (y consecuente reacomodamiento de precios relativos), entre otros, el excesivo gradualismo le quitó la credibilidad a la gestión.

Está empíricamente comprobado en la literatura relativa a los planes de estabilización que los ajustes estructurales se deben realizar al inicio de las gestiones, ya que se cuenta con el apoyo político de haber ganado las elecciones, y que estos planes funcionan en la medida que estos tengan credibilidad y se encuentren enmarcado en reglas (y planes económicos consistentes).

¿Qué es lo que pasó? El gradualismo no sólo se hizo  eterno, sino que no se contaba con el nivel de ajuste ni con un horizonte temporal definido. Esto comenzó a erosionar la confianza, ergo, la credibilidad cayó en picada.

Y no estamos hablando de los últimos meses, en los que se podría “culpar” a los resultados de las PASO, sino que esto se observaba ya desde el primer año de gestión, en el cual la política de metas de inflación llevada a cabo por el BCRA de Sturzenegger iba a contramano de la expansión fiscal de Prat Gay desde Hacienda. Si bien la pulseada en esta pelea la ganó el presidente del BCRA, un año más tarde Marcos Peña le asestó el golpe de gracia, e hizo naufragar todo intento de estabilizar la inflación.

De ahí en más, el problema se desmadró. De la “mesa de dinero” de Caputo a Sandleris, con su plan de tipo de cambio flexible entre bandas y emisión cero (oculto bajo la emisión de LELIQs) con una tasa de interés que hacía inviable cualquier oportunidad de inversión; Dujovne con la vuelta de las retenciones, los US$57.000 millones del FMI y el déficit cero y Lacunza que piloteó la transición bajo la tormenta.

En este contexto, la inflación se descontroló debido a la fuerte caída de la demanda de dinero, el tipo de cambio siguió su escalada, aun con intervención del BCRA, el nivel de actividad se desplomó y con ella el empleo y la inversión, los salarios reales se contrajeron y con ellos aumento la pobreza y la indigencia.

Unos pocos números para ilustrar la situación: los salarios reales cayeron, en promedio un 16% desde octubre de 2016, el empleo registrado se contrajo un 5% durante el mismo período, la pobreza pasó del 30,3% de las personas en el segundo semestre de 2016 a 35,4% en el primer semestre de este año (además de acuerdo a la UCA durante el tercer trimestre de este año la pobreza se disparó a 40,8% de la población, de las cuales 8,9% se ubicaba en la indigencia).

Además, la inflación pasó de un 27,8% anual al inicio de la gestión a un 50,5% anual de acuerdo al último dato disponible, alcanzando un máximo de 57,3%; la tasa de interés finalizó por encima del 60% (habiéndose ubicado por debajo del 20% durante la gestión de Sturzenegger) y tras la recuperación de las reservas internacionales desde el mínimo de US$ 25.563 millones a US$ 71.663 millones luego del desembolso del FMI, las mismas finalizaron en US$ 43.748, un 39% por debajo del valor pre PASO, por las ventas del BCRA para contener la suba del tipo de cambio.

Por último, la lluvia de inversiones no sólo nunca llegó, sino que las altas tasas de interés y la incertidumbre reinante, sumado a los continuos cambios de reglas de juego, hicieron que la participación de la formación bruta del capital pase del 20,2% del PBI al inicio de la gestión al 16,5% al final, complicando el desempeño de largo plazo de la economía.

Lo más paradójico es que el electorado que votó a Cambiemos le firmó un cheque en blanco para que lleve a cabo las reformas estructurales que le permitiesen a Argentina entrar en el club de los países exitosos, cuyas economías son de alta productividad, competitividad e integración al mundo, cimentadas en un estado eficiente y con impuestos razonables a fin de permitir el desarrollo de la actividades productivas.

El gobierno macrista finalizó siendo más kirchnerista que el mismo kircherismo: controles de precios, cepo cambiario, restablecimiento de retenciones e inflación fuera de control, por citar una pocas. Esto le costó no sólo le costó la reelección a nivel nacional, sino también en varios distritos, desatancándose la provincia de Buenos Aires. La coalición Cambiemos (o su versión aggiornada de Juntos por el Cambio) terminó pagando un altísimo costo político por no querer pagar el costo político inicial, que sin lugar a dudas hubiese sido mucho menor, y hubiese encaminado a la economía en un sendero de expansión.

Publicado en República Económica, el 11 de diciembre de 2019

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Mercosur y Unión Europea: acuerdo de asociación y agenda de reformas

Eliana Scialabba y Melisa Galvano Quiroga       

Tras 20 años de negociaciones, los bloques comerciales firmaron un Acuerdo de Asociación, el cual, para entrar en vigencia, deberá ser ratificado por los países miembros. Se destacan los puntos  relacionados a la apertura comercial, los cuales se implementarán de acuerdo a la normativa de la OMC. En este contexto, Argentina deberá encarar una serie de reformas económicas y legales para cumplir con los requisitos dispuestos.

  1. Contexto

La apertura comercial y la inserción inteligente al mundo siempre es una noticia para celebrar porque en un mundo integrado y globalizado, quedarse en la aldea de lo doméstico inevitablemente impide el crecimiento y desarrollo de los países, tal como lo planteaban Smith y Ricardo, fundadores de la tradición clásica de la economía.

Tras 20 años de negociaciones, el 28 de junio se cerró en Bruselas el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) abriendo una nueva etapa de integración entre ambos bloques, a la que le espera un largo camino por transitar hasta su implementación definitiva.

Dado que cuestiones domésticas se imponen en la agenda internacional, una vez firmado el acuerdo cada Parlamento deberá ratificar su puesta en marcha, lo cual seguramente llevará a muchas negociaciones internas. En el caso de Argentina nos encontramos ante un mega acuerdo que exige transitar el camino de cambios profundos que posibiliten estar a la altura competitiva de los socios comerciales.

Desde el gobierno parecen haber “pisado el acelerador” en materia de firma de acuerdos de apertura comercial (que no implica luego la apertura efectiva). El próximo 17 de julio se reunirán los mandatarios del Mercosur, y se analizarán mecanismos para acelerar la puesta en marcha del acuerdo con la UE, los avances de la negociación con el bloque EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) y la reducción del arancel externo común.

  1. Principales puntos del acuerdo[1]

2.a. Comercio de bienes

Este es el principal capítulo firmado por los bloques regionales.  El capítulo de acceso a mercados regula las condiciones y los plazos para que ambas partes llevan adelante la desgravación arancelaria.

Debido a la asimetría de integración hacia el interior y el exterior de ambos bloques, el acuerdo no sólo prevé plazos extensos para la desgravación, sino que también se consideran las sensibilidades de los productores locales. De esta forma, la UE se compromete a desgravar su comercio en un máximo de 10 años, mientras que el plazo para los páises del Mercosur es de 15 años[2].

Asimismo, se eliminarán los aranceles de manera inmediata en alrededor del 76% de los envíos del Mercosur a la UE, el 86% se eliminarán en canastas de hasta 8 años y un 1% del comercio será excluido de la negociación. Desde el punto de vista del Mercosur, se desgravan de manera inmediata el 13% de los envíos de la UE y un 9% de lo que el Mercosur importa estará excluido del acuerdo con el fin proteger a los sectores más sensibles.

¿Cómo impactan estas condiciones en nuestra economía? Por un lado, permitirá que las empresas reduzcan los costos de los insumos importados, que representan una alta proporción de la matriz productiva. Si bien esto debería traducirse en un incremento de productividad y competitividad, la elevada carga impositiva será un ‘palo en la rueda’.

Sin embargo, el impacto sobre los sectores será diferenciado. Para los automotores se prevé una liberalización en 15 años, con un período adicional de 7 años (acompañados por una cuota de 50.000 unidades), mientras que para el resto de los sectores industriales es lineal (en canastas de 15, 10, 8, 4 años y desgravación inmediata, según el caso).

En tanto, en el caso de la agricultura, el bloque europeo eliminará los aranceles para aproximadamente el 84% de las exportaciones del Mercosur a la UE (el 70% será desgravado de manera inmediata y el 14% restante en un período de entre 4 y 10 años), mientras que otorgará cuotas (a las exportaciones de carne bovina[3], porcina y aviar, maíz, azúcar, arroz, etanol, miel y huevos) o preferencias fijas para el 15,5%.

En el caso de la carne aviar habrá una cuota de 180.000 toneladas que en cinco años se estima alcance el arancel cero. La pesca por su parte tendrá una reducción paulatina de entre 4 y 10 años al igual que para otros productos del agro como hortalizas, frutas cítricas, frutas finas, harinas de maíz, aceites vegetales y biodiesel.

Otro punto a destacar es el compromiso a la eliminación de los derechos de exportación. Además las partes se comprometen a no reintroducirlos en el comercio bilatearal, considerando ciertas excepciones. En el caso de Argentina, según el citado documento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “podrán mantenerse los derechos de exportación para las exportaciones destinadas a la Unión Europea para una lista de productos especificada en un anexo y que incluye a la casi todos los productos para los que corría un cronograma de aplicación de derechos de exportación antes del Decreto 793/18 (cadena oleaginosa, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra)”.

2.b. Reglas de origen

Estas constituyen un instrumento de política comercial. Según la OMC, constituyen criterios necesarios para determinar la procedenca nacional de un producto[4], y se aplican para acceder a las preferencias arancelarias del acuerdo.

Entre ambos bloques se han acordado reglas que no sólo facilitan el comercio, sin que también promueven su creación, considerando las estructuras productivas de ambos bloques. De esta manera, se establecieron requisitos de origen para cada sector de la industria, tomando como base la disponibilidad de insumos regionales y la integración de las cadenas de valor.

La intregración en cadenas de valor busca facilitar la importación de insumos a precios más competitivos, agregarles valor y venderlos al resto del mundo sin restricciones. Dado que los insumos intermedios y bienes de capital tienen una protección arancelaria en torno al 18%, la reducción de estos se traducirá en menores costos de producción.

2.c. Aduanas y facilitación del comercio

En 2013, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio[5] de la OMC estableció reglas mejoradas de buen gobierno para los procedimientos de aduana y altos niveles de transparencia, y reconoce la importancia de las aduanas y la facilitación del comercio en las relaciones comerciales.

Según el documento oficial, “el Acuerdo brindará mayor previsibilidad y transparencia regulatoria, al establecer disposiciones sobre rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas, simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, simplificación de requisitos a operadores económicos, así como también transparencia en la publicación de la información sobre la base de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC”.

El intercambio automatico de información entre aduanas permitará generar confianza entre las agencias de control gubernamental y acelerar el comercio.

2.d. Defensa comercial

Estas medidas permiten proteger a la industria de practicas desleales como los subsidios y el dumping, y de las subas repentinas de las importaciones.

En la primera parte del capítulo se presentan los instrumentos de defensa comercial de la OMC para evitar este tipo de prácticas desleales, mientras que la segunda parte establece un mecanismo para aplicar Salvaguardias Bilaterales, las que permitirán a los países del Mercosur en general, y Argentina en particular, tomar medidas de protección ante el incremento de las importaciones cuando estas sean una amenaza para un determinado sector industrial o agrícola.

2.e. Medidas sanitarias y fitosanitarias

Este punto busca impedir que las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) actúen como barreras injustificadas al comercio, evitando que éstas puedan impedir el acceso de nuestros productos agrícolas y agroindustriales o encarecerlos injustificadamente. De esta manera, el Mercosur obtiene una posición preferencial respecto para ingresar al mercado europeo.

Además se prevén medidas de facilitación del comercio en materia de habilitación para exportadores de animales y productos de origen animal, como así también controles en las importaciones, lo que asegura el comercio desde las zonas libres de enfermedades.

2.f. Servicios y establecimiento

La UE es uno de los principales importadores de servicios a nivel mundial (las compras anuales son de más de US$ 800.000 millones) y además es el principal inversor del mundo (con un stock de IED de más del 50% del total). Es de significancia notar que el flujo de estas IED tiene como dirección aquellos países con los que el bloque europeo tiene firmados acuerdos.

Con un acuerdo que regule las disposiciones en materia de inversiones y servicios, el Mercosur expandirá su capacidad de atraer inversiones, destancadose principalmente el segmento de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), en los que está presentando una fuerte expansión. Lo relevante de los SBC es que estos son intensivos en capital humano de alta calificación, ligados por lo general a las tecnologías de la información, comunicación e innovación.

Debido al perfil exportador de Argentina, este punto es de vital importancia, debido a que este sector es el tercer complejo exportador (detrás del agro y la industria automotriz): en 2018 exportó por más de US$ 6.000 millones y se estima que en 2030 representará aproximadamente el 15% de los ingresos por exportaciones. Además, se trata de un sector que ocupa hoy el 67% de los puestos de trabajo.

2.g. PyMEs

El acuerdo incluye un capítulo sobre Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en el que se buscan ampliar las oportunidades comerciales, promoviendo la internacionalización de las firmas.

Según el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se establece la creación de una pagina web para que las empresas puedan acceder a  “toda la información que necesitan para exportar, desde un buscador de aranceles por producto; normas y regulaciones; procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual; regulaciones de inversión extranjera; procedimientos de registro de empresas; regulaciones de empleo; y procedimientos tributarios”.

Además existen compromisos en términos de Solución de Controversias, Diálogos, Obstáculos técnicos al comercio, Defensa de la competencia, Subvenciones, Propiedad intelectual, Comercio y desarrollo sostenible, Compras públicas, Empresas del Estado y Transparencia.

  1. Las reformas necesarias

Si bien estos acuerdos suelen estar cargados de optimismo, los países del Mercosur, y, en especial, Argentina, le necesitan una gran cantidad de reformas en diversos aspectos, para poder ingresar de manera exitosa al mismo. Si bien recién entrará en vigor cuando sea ratificado por todos los países, estos deben adecuar sus normativas a las planteadas en el convenio.

La rebaja arancelaria es sólo el comienzo. Según Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Argentina deberá trabajar en «una nueva reforma fiscal de largo plazo» ya que «el acuerdo pone topes a los derechos de exportación» (en la actualidad son de en torno al 28%, y el techo que impone el acuerdo es del 14%). Asimismo, el funcionario planteó la necesidad de reducir los restantes impuestos, a fin de incrementar la competitividad de las firmas.

En este punto debe destacarse que esta rebaja no será sostenible si en simultáneo no se realizá una reforma de reducción del tamaño del Estado, debido a que la quita de derechos de exportación y rebaja impositiva generará una presión adicional sobre la ya complicada restricción presupuestaria del sector público.

En línea con las reformas del Estado, el acuerdo prevé normas de transparencia y no discriminación en las compras y contrataciones del gobierno nacional, tanto en bienes y servicios, como en obras públicas. De esta forma, las leyes argentinas deberán modificarse de acuerdo a los lineamientos de la OMC.

Por otra parte, deberán adecuarse los reglamentos técnicos y estándares, los cuales establecen características específicas de un producto (principalmente en segurdad eléctrica, compatibilidad electromagnética, eficiencia energética y restricciones a sustancias peligrosas). En la actualidad esta constituye una de las principales barreras no arancelarias.

En cuanto a la regulación de servicios, es necesario eliminar las barreras relacionadas con el comercio electrónico, a fin de permitir el mejor flujo de determinados productos adquiridos en Europa hacia nuestro país. Asimismo, probablemente al terminar de evaluar las condiciones del acuerdo, sea necesario revisar las normas de propiedad intectual (copyright, marcas, diseños industriales y patentes, entre otros).

Respecto a las reformas de las normas laborales, debe considerarse que es uno de los aspectos más complicados al que se enfrenta nuestro país. Si bien desde el gobierno plantearon que no se deberán modificar las normativas laborales, es necesario revisarlas, de manera conjunta con los convenios colectivos de cada actividad, a fin de poder competir con las firmas europeas reduciendo los costos laborales directos (impuestos al trabajo) e indirectos (costos de riesgos de trabajo).

Además, se deberán adaptar las leyes de regulación de los procedimientos aduaneros; las fitosanitarias, de sanidad animal y seguridad alimentaria y de defensa de la competencia, entre otras.

  1. Consideraciones finales

No hay dudas al respecto sobre las ventajas del libre comercio, ya que no sólo amplia la variedad de productos de disponibles de mejor calidad y menores precios, sino también que contribuye a la difusión del conocimiento, la innovación y la mejora tecnológica.

Sin embargo, Argentina se ha caracterizado durante las últimas siete décadas (con excepción de algunos años) por ser una economía cerrada, proteccionista y sustitutiva de importaciones, lo que ha configurado una matriz productiva de escasa productividad y competitividad en la mayor parte de las ramas de actividad (excepto en el sector agropecuario y algunos servicios), dado que el sistema económico le garantiza a las firmas un gran mercado interno, con consumidores a los que se les complica acceder a mejores bienes con precios más reducidos.

Es por esto que ante la firma de este acuerdo no todos los sectores están contentos, ya que son varios los que hoy día se encuentran en desventaja y que deberán atravesar un profundo proceso de cambios para salir al mundo competitivamente. Hay otros sectores que pueden insertarse con mayor facilidad en especial aquellos que puedan ser complementarios a las necesidades de los socios comerciales.

Además debe tenerse en cuenta que llegado el momento de la implementación del acuerdo de libre comercio con la UE se va a ir mostrando un nuevo camino, ya que si bien el bloque es un socio complementario, también en muchos sectores es altamente competitivo con Argentina, sobre todo en el sector agropecuario.

De aquí la importancia de la apertura del debate de cómo podría el país insertarse con otros acuerdos de este tipo hacia la región de Asía Pacifico, considerando que si bien comparten la complementariedad con la UE, las economías asiáticas presentan una alta demanda en muchos sectores de la economía argentina y que hasta el momento nuestro país no ha podido dar respuesta a esa demanda.

Dado que Argentina no podrá eludir la reformas necesarias, ya sea por un tema del acuerdo con la UE, o por cuestiones meramente de productividad y competitividad, tal vez estas sirvan como puntapié inicial para insertarse en la región asiática que es el nuevo eje de comercio del siglo XXI.

[1] Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea, 12/07/2019 https://cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue

[2] De acuerdo al citado documento, ‘este es el resultado de un «trato especial y diferenciado’ logrado por el MERCOSUR, teniendo en cuenta que, según la normativa OMC, los plazos de desgravación en acuerdos regionales son de hasta 10 años”.

[3] La UE otorgó una cuota de 99.000 toneladas para el Mercosur. Asimismo, debe destacarse que el arancel pagado actualmente bajo la Cuota Hilton (20%) será desgravado a 0% de forma inmediata a la entrada en vigencia del acuerdo.

[4] OMC, Información técnica sobre las normas de origen https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm

[5] OMC, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm

Publicado en el Informe Económico Mensual, Programa de Investigación en Análisis y Prospectiva de la Economía Mundial y Argentina, Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del Salvador. Nº 174 Año 19, 16 de julio http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/iem_julio_19.pdf    Pág. 6-9

¿El gobierno podrá cumplir la meta fiscal?

Eliana Scialabba                                 

Los ingresos del Tesoro suben por encima del gasto primario, lo que permitió que durante el primer trimestre del año se alcanzará un superávit primario, revirtiendo el resultado del año anterior. No obstante, al considerar el pago de intereses de la deuda, el déficit financiero se incremento respecto a 2018. Además, los ingresos fiscales dependientes del nivel de actividad complicarían el cumplimiento de la meta fiscal con el FMI para este año

  1. Contexto

Luego de las negociaciones con el FMI, el gobierno acordó una meta de déficit primario cero a cambio de los desembolsos de organismo.

Sin embargo, pasan los meses y las condiciones económicas no mejoran: durante el mes de mayo la inflación interanual se ubicó en el 57,3%, mientras que en el mes de febrero el nivel de actividad se contrajo un 6,8% i.a. De la mano del desplome de la actividad, en marzo el empleo registrado cayó un 2,2% y los salarios crecen muy por debajo de la inflación.

  1. Ingresos

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, durante el mes de mayo la recaudación tributaria totalizó $ 444.250 millones, lo que representa un incremento interanual del 50,4%. Sin embargo, cayó 4,4% en términos reales, debido a que la inflación del mes de mayo respecto al año anterior fue del 57,3%.

Con las cifras de este mes, la caída de la recaudación en términos reales[1] suma once meses de contracciones consecutivas, a pesar de la suba de la recaudación en concepto de retenciones a las exportaciones y ganancias.

Gráfico 1.  Recaudación Tributaria Real – Variación % interanual01Fuente: elaboración en base a Ministerio de Hacienda

En el análisis desagregado se observa que la recaudación ligada al mercado interno (IVA) y al empleo y los salarios (seguridad social) continúan rezagados en un escenario en el que el nivel de actividad no logra arrancar.

Mientras que el IVA se incrementó un 44,5% i.a. en mayo, cinco puntos porcentuales por debajo del total, con una mayor contracción en términos reales debido al menor dinamismo de la demanda, la recaudación en concepto de seguridad social subió sólo un 32,2%, ligado a incrementos salariales por debajo de la inflación y un menor nivel de empleo.

¿Hasta cuando se mantendrá esta dinámica? Si bien no puede responderse a ciencia cierta, cuando se cierren las paritarias de todas las actividades debería haber un reacomodamiento de salarios reales, que permitan apuntalar el consumo y la recaudación en concepto de salarios. No obstante, la caída del empleo aún tendrá un impacto negativo sobre la recaudación del sistema de seguridad social.

Debe destacarse que la recaudación de IVA y seguridad social representan el 48% del total, es decir que casi la mitad de los ingresos del Tesoro dependen del desempeño del nivel de actividad, de allí su relevancia.

Por lo general, el IVA es el impuesto que presenta mejor desempeño. Sin embargo, este mes la “estrella” fue Ganancias, debido a que se pagó el saldo de la declaración jurada de las sociedades con ejercicio en diciembre. Gracias a la inflación, este impuesto recaudó $129.056 millones (+68,9% i.a). De esta forma, el efecto de Ganancias traccionó a la recaudación total, dado que representa el 29% de los ingresos totales del fisco.

Cuadro 1. Recaudación Tributaria – Mayo de 201902Fuente: elaboración en base a Ministerio de Hacienda

Por otra parte, la recaudación de comercio exterior se expandió un 168,7% i.a. La ampliación de las retenciones y la suba de la cotización del dólar llevó a que los derechos de exportación totalicen los $38.425 millones (+254,4% i.a.), mientras que la caída del nivel de actividad, y con ella de las importaciones, generó una menor expansión en la recaudación de aranceles (+31,2%).

En tanto, de acuerdo al decreto 332/2019 publicado en el Boletín Oficial, el 6 de junio el gobierno incrementó la tasa estadística que alcanza a las importaciones del 0,5% al 2,5%. Esto explica el incremento del 1604,9% i.a. de la tasa estadística, la cual totalizó una recaudación de $2.972 millones (1% del total).

  1. Gasto y resultado fiscal

Según datos del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre del año el gasto corriente totalizó los $789.179 millones, expandiéndose un 31% i.a., varios puntos por debajo de la inflación, explicado por el recorte de partidas en el marco del ajuste fiscal comprometido con el FMI.

Analizando el desagregado, se observa que dentro de las prestaciones a la seguridad social, las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el 43% del gasto primario total, se incrementaron un 29% i.a.

En tanto, los subsidios económicos han presentado una dinámica heterogénea durante el primer trimestre del año. Mientras los subsidios a la energía se incrementaron un 277% i.a., los destinados al transporte presentaron un alza del 17% i.a.

Otro concepto que tiene un peso importante en el total son los salarios, incluidos en los gastos de funcionamiento. Su participacion relativa en el total es del 15%, y durante el primer trimestre del año el gasto aumentó un 26%. No obstante, de estima que su alza sea mayor durante el año ya que el Gobierno aumentará las remuneraciones de los empleados públicos de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Cuadro 2. Gasto Primario – Millones de pesos y  Variación % interanual 03Fuente: elaboración en base a Ministerio de Hacienda

Las transferencias a las provincias se incrementaron de manera heterogénea: las ligadas a la educación presentaron un alza del 14% i.a., las de seguridad social un 46% i.a., las de desarrollo social un 38% i.a., las destinadas a salud se redujeron un 8% i.a., y otras transferencias (de mayor componente discrecional) subieron un 244% i.a. A su vez, los gastos de capital aumentaron un 27%.

Gráfico 2.  Resultado primero y financiero e Intereses netos. En millones de pesos04 Fuente: elaboración en base a Ministerio de Hacienda

Con el gasto primario creciendo por debajo de los ingresos, en el primer trimestre del año el superávit primario totalizó lo $10.347 millones, lo que representa una reducción del 133% respecto del año anterior. Sin embargo, dado que los intereses netos más que se duplicaron (+107% i.a.), el “rojo” financiero se incrementó un 25% i.a.

  1. Consideraciones finales

Las cifras muestran un resultado primario positivo, lo que permite al gobierno plantear que cumplirá con las metas del FMI, pero ¿esto será posible? Hay que analizar varios puntos: en primer lugar, la caída de los ingresos en términos reales muestran que el efecto (negativo) del nivel de actividad sobre la recaudación es mayor al (positivo) de la inflación. En esta línea, en el último reporte para Argentina del mes de abril[2], las proyecciones de recaudación del FMI descienden un 1,7% del PBI para este año.

Además, dentro de los ingresos del Tesoro se contabilizan los aportes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que en la práctica indica la utilización de la “contabilidad creativa”. Por último, las retenciones están en el máximo del año, debido a que durante este período se liquida el grueso de la cosecha.

A pesar de la mejora fiscal en términos primarios, el incremento de los intereses de la deuda pública contraída por la actual gestión profundiza el problema en términos financieros. De acuerdo al FMI, la brecha entre las necesidades de financiamiento para 2019 y los recursos es de USD 22.820 millones. En este escenario, el gobierno deberá refinanciar parte de su deuda y requerirá financiamiento adicional para hacer frente a estas erogaciones.

Por último, dada la alta proporción de deuda nominada en moneda extranjera, un salto cambiario (en un escenario con un 50% de depreciación real con trasferencia de 25%) podría llevar el ratio deuda / PBI a 110% de acuerdo al FMI. En el mismo reporte plantea que la deuda también es vulnerable a un shock negativo de crecimiento, lo que aumenta los riesgos en términos de solvencia.

Es por los motivos expuestos que es necesaria una reforma de carácter estructural del sector publico, a fin de alcanzar la solvencia fiscal de manera genuina, cobrando impuestos que permitan el desarrollo de las actividad productivas y que además permitan financiar el gasto público (primario más intereses de la deuda). En la medida que no se hagan estas reformas seguiremos alternando en ciclos de financiamiento monetario y endeudamiento, con los conocidos efectos nocivos sobre la macroeconomía.

[1] Ajustados por Indice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC)

[2] FMI, Argentina: Third Review under the Stand-By Arrangement, Request for Waivers of Applicability of Performance Criteria, April 2019.

Publicado en el Informe Económico Mensual, Programa de Investigación en Análisis y Prospectiva de la Economía Mundial y Argentina, Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del Salvador. Nº 173 Año 19, 19 de junio http://fceye.usal.edu.ar/archivos/fceye/docs/iem_junio_19.pdf   Pág. 7-11