Esta semana la lechería volvió a estar en el centro de la escena, debido a que los medios informaron que el gobierno de Alberto Fernández aplicaría un IVA del 10,5% a la leche. Debido a esto, surgió la necesidad de analizar en detalle la información a fin de saber los potenciales efectos de la medida sobre los consumidores y productores.
Desde 1997, de acuerdo a la Ley 23.349 y sus modificaciones, la leche fluida semidescremada (pasteurizada y ultra alta pasteurizada) sin aditivos (calcio, hierro, etc.) y la leche en polvo, se encuentran exentas de IVA a consumidor final. Esta exención implica que la industria factura neto más IVA del 21% a la cadena productiva, y esta debe cobrar al consumidor final el precio sin IVA, tomándose el crédito fiscal como IVA compras.
¿Qué es lo que se debate entonces? Hagamos un repaso del contexto: cuando el gobierno encabezado por Mauricio Macri perdió en agosto de 2019 las PASO contra la fórmula encabezada por Alberto Fernández, como medida “populista” a fin de repuntar su imagen y tratando de dar vuelta el resultado, firmó el decreto 517/2019 en el cual “quitaba” (llevaba a 0%) el IVA a varios productos básicos, entre ellos, la leche, reduciendo los precios en góndola para los consumidores. Sin embargo, esta medida tenía desde sus inicios fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2019.
Vencido el plazo, el IVA sobre los productos listados volvió a tributar sus alícuotas pre-decreto. Sin embargo, en esa fecha Fernández acordó reintegrarles este monto desde la AFIP a las cadenas que adhirieron al plan de “Precios Cuidados”, a fin de evitar que se incremente el precio de la leche en góndola, cargando el 21% a las arcas públicas de cada leche semidescremada o en polvo que se vende.
Si bien durante 2019 se consumieron en promedio 176 litros de leche por habitante, de acuerdo al OCLA (MAGyP) y considerando el precio promedio de la leche informado por el INDEC de $57,41, el costo fiscal estimado por el gobierno es sólo $1.800 millones, ya que la leche sin aditivo casi no encuentra en góndola.
Entonces, el proyecto lo que busca es unificar el IVA a la leche a 10,5%: tanto para las variedades que se encontraban exentas, como para las que tributaban 21%. De esta forma, lo que cambiará es el mecanismo de compensación: el comercio hoy cuenta con la compensación total del IVA y se busca dividir que se divida entre el comercio y la industria.
La única lógica que se encuentra a este planteo es el ahorro fiscal, gravando a todas las leches fluidas y/o en polvo con el 10,5% de IVA: considerando el precio al consumo, el efecto debería ser una caída del 10,5% de la lecha fluida y una suba de la misma magnitud para la leche fluida semidescremada y las en polvo. Dado que las variedades exentas son virtualmente inexistentes en el mercado, el efecto sobre el consumidor será negativo, ya que se trasladará a precios finales.
En tanto, para los productores y los industriales no hay variaciones, ya que los costos y los precios continuarán gravados con el 21% en toda la cadena.
Una vez más, se perjudica al consumidor, sin generar una mejora para el sector. Se sigue por el camino de agregar impuestos que distorsionan cada vez más los precios relativos, encareciendo los alimentos, aun los más esenciales.
* Eliana Scialabba es Economista, Directora del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI). **Eduardo García Maritano es Ing. Agrónomo, Integrante de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),