La “letra chica” detrás del IVA a la leche

Esta semana la lechería volvió a estar en el centro de la escena, debido a que los medios informaron que el gobierno de Alberto Fernández aplicaría un IVA del 10,5% a la leche. Debido a esto, surgió la necesidad de analizar en detalle la información a fin de saber los potenciales efectos de la medida sobre los consumidores y productores.

 

Desde 1997, de acuerdo a la Ley 23.349 y sus modificaciones, la leche fluida semidescremada (pasteurizada y ultra alta pasteurizada) sin aditivos (calcio, hierro, etc.) y la leche en polvo, se encuentran exentas de IVA a consumidor final. Esta exención implica que la industria factura neto más IVA del 21% a la cadena productiva, y esta debe cobrar al consumidor final el precio sin IVA, tomándose el crédito fiscal como IVA compras.

¿Qué es lo que se debate entonces? Hagamos un repaso del contexto: cuando el gobierno encabezado por Mauricio Macri perdió en agosto de 2019 las PASO contra la fórmula encabezada por Alberto Fernández, como medida “populista” a fin de repuntar su imagen y tratando de dar vuelta el resultado, firmó el decreto 517/2019 en el cual “quitaba” (llevaba a 0%) el IVA a varios productos básicos, entre ellos, la leche, reduciendo los precios en góndola para los consumidores. Sin embargo, esta medida tenía desde sus inicios fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2019.

Vencido el plazo, el IVA sobre los productos listados volvió a tributar sus alícuotas pre-decreto. Sin embargo, en esa fecha Fernández acordó reintegrarles este monto desde la AFIP a las cadenas que adhirieron al plan de “Precios Cuidados”, a fin de evitar que se incremente el precio de la leche en góndola, cargando el 21% a las arcas públicas de cada leche semidescremada o en polvo que se vende.

Si bien durante 2019 se consumieron en promedio 176 litros de leche por habitante, de acuerdo al OCLA (MAGyP) y considerando el precio promedio de la leche informado por el INDEC de $57,41, el costo fiscal estimado por el gobierno es sólo $1.800 millones, ya que la leche sin aditivo casi no encuentra en góndola.

Entonces, el proyecto lo que busca es unificar el IVA a la leche a 10,5%: tanto para las variedades que se encontraban exentas, como para las que tributaban 21%. De esta forma, lo que cambiará es el mecanismo de compensación: el comercio hoy cuenta con la compensación total del IVA y se busca dividir que se divida entre el comercio y la industria.

La única lógica que se encuentra a este planteo es el ahorro fiscal, gravando a todas las leches fluidas y/o en polvo con el 10,5% de IVA: considerando el precio al consumo, el efecto debería ser una caída del 10,5% de la lecha fluida y una suba de la misma magnitud para la leche fluida semidescremada y las en polvo. Dado que las variedades exentas son virtualmente inexistentes en el mercado, el efecto sobre el consumidor será negativo, ya que se trasladará a precios finales.

En tanto, para los productores y los industriales no hay variaciones, ya que los costos y los precios continuarán gravados con el 21% en toda la cadena.

Una vez más, se perjudica al consumidor, sin generar una mejora para el sector. Se sigue por el camino de agregar impuestos que distorsionan cada vez más los precios relativos, encareciendo los alimentos, aun los más esenciales.

* Eliana Scialabba es Economista, Directora del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI). **Eduardo García Maritano es Ing. Agrónomo, Integrante de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),

Publicado en República Económica, 30 de julio de 2020

Argentina populista y la insostenibilidad del gasto en seguridad social

Es bien sabido que no podemos seguir manteniendo un Estado elefantiásico, como el actual, el cual aumentó en quince años se participación promedio del 26% del PBI a más de 46% (y si durante este año el PBI se desploma en línea con las estimaciones que lo ubican la caída por encima del 10%, podría superar el 50%, es decir, casi duplicar su peso relativo).

 

Sin embargo, cuando hablamos del gasto público es necesario analizar su composición, a fin de determinar cuál es la vía que constituye las mayores erogaciones del Tesoro.

Analizando la información del proyecto de presupuesto 2020[1] (no aprobado) queda claro que la principal salida de recursos del gobierno lo constituyen las partidas destinadas a las Prestaciones de la Seguridad Social, las cuales en representaban un 45% del gasto total del sector público para este año (antes de la implementación del IFE y demás planes de contingencia frente al Covid-19).

No quedan dudas que constituye un esquema de gasto corriente populista, en el que se utilizan los recursos de los contribuyentes para mantener bajo control a una creciente proporción de la población que vive del asistencialismo, y por ende, se ven incentivados a continuar en el esquema perverso que le proponen los gobiernos. Pero veamos un poco más en profundidad estas cifras, ya que tenemos que responder algunas cuestiones ligadas a estos números:

Sin considerar el efecto de la pandemia, se observa un descalce entre el ingreso y los gastos en seguridad social: mientras los gastos presupuestados ascendían al 45% del gasto público ($2.664.088 millones), los ingresos bajo el mismo concepto representaban el 30% de los ingresos ($1.607.802 millones), lo que implica un déficit de $1.056.287 millones (equivalente a 4,1% del PBI).

Adicionalmente, debemos considerar que a partir del mes de abril, el gobierno ha comenzado a pagar el IFE equivalente a $80.000 millones mensuales y la recaudación en concepto de seguridad social se ha reducido debido a la necesidad de las empresas de recortar salarios, lo que aumentará la brecha entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social.

Sin embargo, si bien la pandemia ha complicado la situación, debemos tener en claro que la situación era insostenible de manera estructural, ya que la brecha de gastos / ingresos estimada para 2020 ascendía a 1,66 (por cada peso que se recauda, se gastan 1,66 pesos), mientras que para 2015 era de 1,45 y para 2012 de 1,34.

¿Qué pasó en el medio? Los recursos de la seguridad social se utilizaron para pagar jubilaciones sin aportes y planes sociales (AUH). Esto entonces es lo que muestra el empeoramiento de la relación entre ingresos y gastos del sistema.

  • Por un lado, la estatización de las AFJP suponía una suba de los ingresos ya descalzados de los gastos.

  • Por otra parte, la política de “inclusión social” llevó a que el dinero de los jubilados se utilice para “comprar” votos vía jubilaciones sin aporte y planes sociales.

Sin lugar a dudas, el sistema necesita una reforma urgente, en el cual los trabajadores activos puedan canalizar sus aportes, a fin de recibir luego una compensación acorde. No obstante, el punto central que queremos analizar aquí es como casi la mitad del gasto público se destina al gasto social, y desde los gobiernos festejan esto en nombre la mayor “justicia social”, concepto aberrante si los hay: justicia o inclusión social sería gastar esos recursos en educación para que los niños y jóvenes puedan integrarse al mercado de trabajo del futuro, en el que necesitarán herramientas que tal vez hoy no existan.

Si quieren hablar de nivelación, hablemos de nivelación hacia arriba, de oportunidades. Mientras más de un cuarto de nuestro PBI este destinado pagar jubilaciones de miseria y mantener cautivos los votos de los hogares de menor ingreso, no podremos hablar de justicia. Y la brecha se irá incrementando con los años, porque los jóvenes de hoy no tendrán como insertarse en un mundo cada vez más competitivo, entonces no es de extrañar que el sistema colapse por completo.

Mientras tanto, el populismo sigue gobernando, aprovechándose de la sociedad que supimos conseguir, de las necesidades que supieron conseguir. El desafío cultural que tenemos por delante es muy grande, esperemos estar a la altura de las circunstancias.

*Eliana Scialabba es PhD Cand. in Economics. Directora de Relaciones Institucionales CEEAXXI

[1] https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/2020

Publicado en República Económica el 06/07/2020

http://www.republicaeconomica.com/single-post/2020/07/06/Argentina-populista-y-la-insostenibilidad-del-gasto-en-seguridad-social